miércoles, 31 de octubre de 2018

EL MITO DEL ESTADO INEFICIENTE

   Con 57 años de edad, desde que tengo uso de razón escucho el remanido tema  de la inoperancia en los servicios públicos brindados por diferentes reparticiones estatales ya sean nacionales, provinciales o municipales. Un discurso instalado en la sociedad argentina a modo de "cliché", originado en los centros de poder y reproducido por nuestros padres, educadores, gobernantes y, en general, por toda figura de autoridad, que por ignorancia -mayormente- o indiferencia, fueron herramientas difusoras de ese poder.
Finaliza el pago de sueldos de noviembre a los empleados públicos   
   Aunque tal declaración halla su fundamento en muchos aspectos de la realidad nacional, referidos a servicios esenciales indelegables bajo la órbita estatal -educación, salud, seguridad-, lo ignorado por la mayoría de la opinión pública, es el origen y resortes de esta antinomia republicana, y por qué se ha sostenido en el tiempo a pesar de las diferentes banderas partidarias que han ocupado -a veces usurpado- la Casa Rosada o las sedes de gobiernos provinciales o municipales. Sucede también, que la sociedad argentina en general, tampoco tiene claro el concepto de Estado como comunidad social, con organización política común, territorio y órganos de gobierno propios; se  confunde al Estado con el Gobierno en lo que hace a la administración de los servicios públicos, cuyo destinatario es el pueblo -sin distinción de nivel social- por el solo hecho de estar conformado por el conjunto de habitantes del territorio nacional, provincial o municipal. Es decir, al Estado lo constituimos todos, gobernantes y gobernados, y el pueblo delega el control financiero y administrativo de los servicios esenciales, al gobierno. Así de simple es la cosa.

   Servicios como Salud, Educación, Seguridad, Comunicaciones, mantenimiento de la red vial, agua y energía son, como su nombre lo indica, bienes públicos y sociales; deben ser distribuidos y brindados gratuita e igualitariamente a todos los habitantes del suelo argentino y financiados por los impuestos y contribuciones de los ciudadanos, a nivel nacional o provincial. 
Es decir que cuando pagamos obras sociales, prepagas, colegios y universidades privados, agencias de seguridad o agua potable; en realidad estamos abonando dos veces por el mismo servicio, que en una sociedad organizada, en un estado republicano verdadero, resulta contradictorio.
Entonces nos preguntamos, ¿por qué ciertos servicios públicos otrora en manos estatales eran deficitarios, y después de ser privatizados -generalmente a empresas extranjeras- mejoraron -en muchos casos-, cuando los mismos fueron desarrollados prácticamente en las mismas condiciones y con el mismo personal? Otras preguntas que nos surgen son, ¿por qué se concesionan los servicios rentables que, al igual que en las privatizaciones de recursos naturales generan muchas ganancias y se explotan con relativamente poca inversión y muchas veces aventados con jugosos subsidios? ¿Quienes son los verdaderos beneficiarios de estas políticas y quienes los reales perjudicados, a la larga?
   
   Me pregunto si acaso un gobierno responsable e incorruptible, "tomara al toro por las astas" y con autoridad dispusiese las fuerzas humanas, sociales y tecnológicas locales adecuadas para desarrollar servicios básicos, e implementando políticas ajustadas al verdadero interés nacional y comunitario; si en este caso los mismos no llegarían a todos con un elevado nivel de excelencia, beneficiando a millones de trabajadores, satisfaciendo necesidades elementales para su dignificación e incrementando su calidad de vida.

   La respuesta a estas preguntas debemos buscarlas, quizá, en los tratados de geopolítica internacional. Probablemente comprendamos que, aunque con vestimenta moderna, sin plumas, arcos ni flechas, nos siguen dejando, a cambio del oro y plata, espejitos de colores.

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